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Confusión, intrusismo y precariedad: el precio de no regular a las y los profesionales del deporte

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    Consejo COLEF
  • hace 1 día
  • 4 Min. de lectura


CONFUSIÓN, INTRUSISMO Y PRECARIEDAD: EL PRECIO DE NO REGULAR A LAS Y LOS PROFESIONALES DEL DEPORTE

En el deporte, la confusión entre perfiles profesionales sigue siendo un problema estructural. Bajo etiquetas genéricas como “técnico” o “monitor” se ocultan formaciones y competencias muy distintas, lo que genera confusión social, pérdida de calidad, riesgos para la ciudadanía y precariedad laboral. Aunque algunas comunidades autónomas han avanzado con leyes propias, solo un marco estatal podrá garantizar seguridad jurídica y delimitar atribuciones. Aclarar quién es quién no es un capricho corporativista, sino una exigencia de calidad, ética y respeto hacia la ciudadanía.

En el ámbito de la educación física, la actividad física y el deporte se tiende con demasiada frecuencia a meter en el mismo saco a todo tipo de perfiles profesionales. Se habla de “técnicos deportivos”, “monitores”, “preparadores físicos” o “entrenadores” como si fueran categorías equivalentes, cuando en realidad detrás de esas denominaciones existen niveles formativos, responsabilidades y competencias radicalmente diferentes. Esta confusión no es inocua: afecta a la calidad de los servicios, a la protección de las personas usuarias y a la seguridad jurídica de quienes ejercen.


Mientras que en otros ámbitos (jurídico, sanitario, construcción y edificación, etc.) tienen claros los límites de los diferentes profesionales que intervienen, en el deportivo la falta de una mirada holística y coordinada en la creación de titulaciones y certificados de profesionalidad ha contribuido a que ni siquiera los propios profesionales tienen claras cuáles son funciones y qué límites deben respetarse.


El resultado es que hoy muchas ofertas de empleo en el ámbito de la educación física, la actividad física y el deporte ni siquiera especifican titulación concreta. Basta con pedir “personal del ámbito deportivo” para dar por hecho que cualquiera puede desempeñar cualquier función. Y a las personas licencias y graduadas en Ciencias de la Actividad Física  y del Deporte en muy pocas ocasiones se exige colegiación, a pesar de que esta es la garantía deontológica y de control disciplinario propia de una profesión titulada, como lo es la de la Educación Física y Deportiva.


Las consecuencias de este desorden son evidentes y se manifiestan en cuatro planos principales:


  • Confusión social: la ciudadanía tiende a pensar que un monitor, un técnico de FP o una persona con un Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD) hacen lo mismo. Esa percepción borra la especificidad de la profesión universitaria y erosiona su reconocimiento, devaluación del interés general de los servicios profesionales si cualquiera puede hacerlo.

  • Pérdida de calidad: cuando se mezclan perfiles con distinta formación en puestos que requieren alta cualificación, la intervención se diluye. Se improvisa allí donde debería aplicarse un método, con consecuencias negativas para la eficacia y la seguridad de los programas.

  • Riesgos para las personas usuarias: igual que no aceptaríamos que una operación la realizara cualquiera que “supiera algo de anatomía”, en el ámbito de la educación física, la actividad física y el deporte no deberíamos permitir que intervenciones complejas de salud o rendimiento las ejecute alguien sin la preparación adecuada.

  • Precariedad laboral: la falta de claridad en los requisitos fomenta la contratación a la baja, la sustitución de profesionales altamente cualificados por perfiles más baratos y la degradación del empleo en el sector.


En un sector donde la intervención afecta a la salud, al desarrollo de la infancia y la juventud, a la prevención de enfermedades y al bienestar de la ciudadanía, aceptar que “da igual quién acompañe” es una irresponsabilidad, porque conlleva consecuencias.


La tentación del ‘vale todo’ puede parecer económicamente ventajosa a corto plazo, pero a medio y largo plazo sale muy caro: menor calidad, mayor rotación de personal, más riesgo de lesiones o fracasos en los objetivos planteados. Y sobre todo, pérdida de confianza social en la utilidad de la actividad física, la educación física y el deporte como bienes de interés general.


Si la sociedad no aceptaría que un cirujano fuese sustituido por alguien con un cursillo, tampoco deberíamos aceptar que un servicio de preparación física, de docencia de la Educación Física o de dirección técnica se encargue a quien no tiene las competencias para hacerlo.


Por eso, es urgente un marco estatal que definitivamente cierre la puerta a la confusión y al intrusismo, porque aunque las comunidades autónomas han avanzado con leyes propias de regulación del ejercicio profesional, el caos persiste.


Es en ese marco estatal donde, entre otras cuestiones, debe quedar claro que quien presta servicios de preparación física, amparado por su formación universitaria, no hace lo mismo que un instructor de sala fitness o que un entrenador deportivo de una modalidad o disciplina deportiva. Quien ha cursado un Grado en CAFyD dispone de competencias que le permiten diseñar, aplicar y evaluar programas de ejercicio físico adaptados a la salud, al rendimiento o a la inclusión social. Esa especificidad no se improvisa, ni se adquiere únicamente con la experiencia.


Esta posición no es excluyente, sino que parte de la premisa de la complementariedad: cada perfil debe ejercer en el marco que le corresponde y debe tener su espacio de desarrollo profesional acorde a sus competencias. Ni la profesión universitaria debe pretender invadir los espacios técnicos, ni desde la Formación Profesional se deben usurpar competencias que requieren un grado universitario.


Mientras no exista una regulación estatal clara y exigente, seguiremos viendo cómo se confunden perfiles, se deteriora la calidad de los servicios y se precariza a las y los profesionales. Aclarar quién es quién en el ámbito deportivo no es un capricho corporativista. Es una cuestión de seguridad jurídica, de calidad de los servicios y de respeto a la ciudadanía que merece la mejor atención posible.





Cuantas más personas estemos colegiadas, más se escucharán nuestras voces.

Es tu responsabilidad, es tu compromiso con la profesión y la sociedad.

Si todavía no te has colegiado, puedes hacerlo de forma fácil y sencilla a través de la


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