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La diversidad de las legislaciones autonómicas de regulación profesional del deporte nació de una “p


RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL CONGRESO ESTATAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE


Los pasados días 15 y 16 de noviembre se celebró el Congreso Estatal de Ordenación Profesional de la Educación Física y del Deporte, en Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), organizado por Consejo COLEF y COLEF Canarias. Fueron dos jornadas intensas en las que se abordaron las temáticas esenciales para reflexionar sobre cómo afrontar la regulación de la profesión.


La oportunidad que brindó el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, siendo promotor de este evento, así como el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias como patrocinadores institucionales, ha sido fantástica para conceptualizar la ordenación profesional en el sector deportivo, de la que no siempre se conocen los matices que implica.


El panorama actual implica un esfuerzo para comprender y encajar la forma idónea de regular teniendo en cuenta el punto de partida, no solo del deporte, sino también del marco jurídico sobre el que se asientan las profesiones reguladas de cualquier ámbito. La proliferación de legislaciones autonómicas que integran la regulación del ejercicio profesional han sido impulso para hacer visible una necesidad social que proteja a la ciudadanía en los servicios de educación física y deporte.


La primera de las ponencias clarificó el estatus de las profesiones, pudiendo ser libres o reguladas, y además tituladas y/o colegiadas. El profesor Luis Calvo indicó que "la regulación jurídica viene propiciada por la necesidad de proteger los intereses públicos afectados o concernidos por el desarrollo efectivo de la profesión".



En este sentido, Dolores Martín y Elena Córdoba, de Unión Profesional, expusieron que la regulación debe realizarse siempre bajo una argumentada justificación que, como se indica desde la Unión Europea, debe tener en cuenta los siguientes aspectos: no discriminación, necesidad (razones imperiosas de interés general), no sustitución y ponderación. Estos puntos son los que referencia la directiva del “test de proporcionalidad” para nuevas regulaciones de profesiones o modificaciones de las existentes, y en menos de dos años debe trasponerse a la legislación española. En cuanto a la profesión de la educación física y deportiva las ponentes hicieron alusión a los trabajos que se habían realizado desde Unión Profesional diciendo que cuenta con legislación y jurisprudencia suficiente que justifica su regulación por razones imperiosas de interés general, entre ellas la salud.


El primer panel concluyó con la intervención de Ignacio Melendro, Jefe de Servicio de Coordinación de Enseñanzas Deportivas del Consejo Superior de Deportes. La familia de las actividades físico-deportivas actualmente cuenta en el catálogo del Instituto Nacional de Cualificaciones con 35 certificados de profesionalidad, 21 títulos de técnico deportivo de grado medio y 17 títulos de técnico deportivo de grado superior, 1 título de formación profesional de grado medio y 2 títulos de formación profesional de grado superior. Melendro explicó cómo los sistemas de formación profesional, enseñanzas deportivas y certificados de profesionalidad estaban en conexión. Esto significa que, por ejemplo, el título de técnico en actividades ecuestres otorga además los certificados de profesionalidad de "Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural" e "Iniciación deportiva en hípica y ecuestre". En resumen, los niveles de cualificación inferiores al 5 del European Qualification Framework, en relación a las actividades físico-deportivas, tienen en España un amplio desarrollo para la formación y obtención de cualificaciones.



El trabajo del Consejo COLEF en pro de la ordenación estatal de la Educación Física y del Deporte fue expuesto por Vicente Gambau, presidente del Consejo COLEF, y Alberto Palomar, experto jurista en derecho deportivo. La exposición de la parte técnica de este argumentario que nace desde la organización colegial corrió a cargo de Gambau, haciendo un resumen del documento "Las Actividades Profesionales con exigencia del titulación universitaria en CCAFYDE", del Grupo de Trabajo de Ordenación Profesional, en el que textualmente se dice:


"La postura mayoritaria del GTOP y del Consejo COLEF se fundamenta en aglutinar las actividades profesionales reservadas al máximo nivel de cualificación en una única profesión con diferentes especialidades que incluyen las actividades profesionales y profesiones identificadas en el modelo de las leyes autonómicas (director deportivo y preparador físico) y no perder el foco de la estructura jurídica profesional ya existente, tratando simplemente de actualizar el término inadecuado de Licenciado CCAFYDE por una denominación que abarque las funciones del profesor de Educación Física que venía desempeñando dentro y fuera del centro escolar".


Este documento se completó "con las tradicionales profesiones para técnicos no universitarios en función del ámbito: deporte competitivo institucionalizado (Entrenador); y ámbito recreativo (Monitor) donde podrán especializarse en los subsectores identificados correspondientes al fitness, tiempo libre, medio natural, etc".



Todo este trabajo, aprobado en el 86º Pleno del Consejo COLEF celebrado en Madrid en diciembre de 2017, se materializó en un encargo a tres expertos juristas en derecho deportivo (Alberto Palomar, Julián Espartero y Ramón Terol) para valorar su viabilidad jurídica. Es por esto que el propio Palomar fue el encargado de exponer en el Congreso la viabilidad de la regulación profesional. Según este experto, a nivel estatal no deben regularse todas las actividades profesionales en el deporte, sino solamente la profesión asociada a la titulación universitaria. Además, el profesor Palomar, con información de primera mano por pertenecer a la comisión que está trabajando en el anteproyecto de ley del deporte, dejó entrever que la futura norma incluirá una referencia a la regulación profesional, poniendo plazo a su desarrollo.


Julián Espartero, presidente del Tribunal Administrativo del Deporte, con su "disquisición sobre el estado actual de la cuestión", planteó una perspectiva sobre dónde se encuentra actualmente la regulación profesional, con una suerte de legislaciones autonómicas que en realidad lo que han regulado han sido actividades profesionales, con un relativo desconcierto por los requisitos a los que emplaza el propio Estado, siendo el único que puede regular la profesión. El profesor Espartero también explicó cómo se estructura jurídicamente en Italia la figura del "educador motriz deportivo".



En esta línea, Ramón Terol, experto en derecho deportivo de la Universidad de Alicante, planteó la problemática a la que pudieran enfrentarse las legislaciones autonómicas de regulación profesional vigentes en el caso de que se aprobase una ley estatal, siendo posible articular una ley "paraguas" que incluya la regulación de la profesión de la Educación Física y Deportiva y una armonización de las actividades que no pertenezcan a ésta.


La mesa de debate sobre las regulaciones autonómicas, moderada por Mª José Lagartos (interventora del Consejo COLEF), estuvo compuesta por el profesor Terol, Pere Manel (presidente de COPLEF Cataluña), Eduardo Segarra (asesor de ordenación profesional del Consejo COLEF) y Nieves Estevez (ex directora del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y miembro del grupo de trabajo de regulación profesional del deporte canario). Todos coincidieron en que existe una necesidad imperiosa de regulación a nivel estatal con el fin de ordenar el mapa tan amplio y disperso que han generado las leyes autonómicas, que además no tendrían problema jurídico alguno para adaptarse a la misma, siendo ésta un paraguas que las armonice.



Uno de los aspectos que también preocupan en el sector es la situación de los planes de estudios del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ante una regulación estatal, que evidentemente tendrían que contextualizarse con el apoyo de una futura Orden CIN por la que se vinculase el título a la habilitación para el ejercicio de la profesión, siempre y cuando se cumpliesen los requisitos ahí establecidos. La mesa de debate sobre esta temática, moderada por Mónica Aznar, vicepresidenta del Consejo COLEF, estuvo compuesta por Eduardo Armada (presidente de COLEF Región de Murcia), Javier Frugoni (ex presidente de COLEF Canarias), Antonio Palomino (adjunto al Defensor de la Comunidad Universitaria y profesor titular de CCAFYDE en la ULPGC) y Ángel Torés (presidente de ANECAFYDE). Todos coincidieron en que el camino es aspirar a ser profesión regulada, y para ello deben alinearse profesorado, estudiantado, órganos de gobierno de las universidades y organización colegial.



Vicente Javaloyes, jurista y profesor del INEFC de Lleida, puso el foco en la liberalización y las necesidades de los empresarios para explicar, de forma didáctica, cuáles son los principales obstáculos de la regulación. Según el profesor Javaloyes, el empresario debe contemplar, de forma tangible, que realmente existe diferencia entre unos profesionales y otros para prestar servicios deportivos de forma segura y con calidad a la ciudadanía. Es decir, que estos profesionales suponen una inversión con retorno palpable.



En este sentido, la mesa de debate con varios agentes del sector, moderada por Sonia Herce (secretaria general del Consejo COLEF), a pesar del acuerdo en la necesidad de regular en ámbito estatal, la nota discrepante surgió de José Calero, director general de LUDE, quien exponía que quizás quede un camino por recorrer para que los profesionales ofrezcan lo que el empresario está demandando. En esta mesa también participaron Lidia Rupérez (FESP - UGT), Fabián Quesada (director general de ADESP), Vicente Gambau (presidente del Consejo COLEF) y Guillermo Suárez (Director Técnico de Deportes del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana).



La última mesa, compuesta por representantes políticos estatales autonómicos, fue el reflejo de una sociedad cada vez más concienciada con que la prestación de servicios de la educación física y del deporte debe realizarse por profesionales con la cualificación adecuada con el fin de proteger a la ciudadanía. Javier Antón, diputado del PSOE en el Congreso, adelantó la hoja de ruta con respecto a la regulación: mención en la ley del deporte instando a regular en un plazo determinado, desarrollo normativo con todos los agentes del sector implicados. Teresa Arévalo, diputada de Podemos en el Congreso, coincidiendo en muchos puntos del discurso con los del representante del PSOE, expuso que esta materia no puede demorarse más, ya que son más de tres décadas de reivindicaciones, y que deben ser los propios profesionales quienes lleven propuestas a los políticos para conseguir que se presenten iniciativas legislativas.



El resto de partidos políticos estatales delegaron en representantes locales. Por parte del Partido Popular, Águeda Montelongo, diputada en el Parlamento de Canarias, y licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, expuso que la regulación era completamente necesaria para evitar que siguieran sucediéndose situaciones de inseguridad para la ciudadanía. Vidina Espino, secretaria autonómica de comunicación de Ciudadanos, habló del compromiso de su partido con la regulación. De Coalición Canaria estuvo presente José Manuel Betancort, que a pesar de comaprtir la necesidad de regular, dijo que debería realizarse en cualquier caso por el Estado, y luego ya sería la comunidad autónoma de Canarias quien se adaptase a ello. Luis Campos, diputado de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias, expresó el apoyo que desde su partido hay a la regulación profesional de la educación física y del deporte.


Las conclusiones de este Congreso se podrían resumir en el siguiente decálogo:

  1. El cometido de los colegios profesionales no es regular, sino ordenar.

  2. La regulación profesional debe atender a una demanda social y debe incluir una reserva profesional.

  3. La situación nacional, provista desde la Unión Europea, constituye una ventana de oportunidad para justificar la proporcionalidad de la regulación profesional, pero es necesario justificar la no discriminación, necesidad y proporcionalidad.

  4. El modelo de regulación estatal de la Educación Física y del Deporte debería afrontar únicamente el de la profesión con exigencia de titulación universitaria, y solo en aquellas actividades en las que se atienda a la proporcionalidad.

  5. Profesores, estudiantes, universidades y colegios profesionales deben alinearse para poder ser profesión regulada.

  6. Debemos saber qué queremos para la profesión de la Educación Física y del Deporte: una profesión libre, regulada, titulada y/o colegiada.

  7. La diversidad de las legislaciones autonómicas de regulación profesional del deporte nació de una “pereza legisladora” por parte del Estado.

  8. La solución a esa diversidad autonómica podría ser una ley “paraguas” que las armonice.

  9. No existe incompatibilidad jurídica entre una regulación estatal de la profesión y las legislaciones autonómicas que han proliferado.

  10. Los principales obstáculos de la regulación son los intereses del sector empresarial que se materializan en la libertad de trabajo, las profesiones libres, la libertad de circulación, la unidad de mercado y los convenios colectivos. Ante esto, la profesión debe justificar su diferencia con argumentos sobre salud, seguridad, información y transparencia, garantías de calidad, seguridad jurídica, equidad, coherencia y responsabilidad.

#RegulaciónProfesionalYA

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RESUMEN DE LAS CHARLAS TÉCNICAS


De forma paralela al Congreso Estatal de Ordenación Profesional de la Educación Física y del Deporte se impartió un ciclo de charlas dirigidas a técnicos deportivos. Este marco pretendía plantear nuevos retos en el deporte base y el deporte escolar. Los asistentes pudieron disfrutar de tres paneles sobre gamificación, iniciación en hábitos saludables y exclusión social. Los propios ponentes te hacen un resumen en el siguiente vídeo:




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