LA SALUD DE LA CIUDADANÍA ES LA GRAN DAMNIFICADA ANTE EL CIERRE DE LOS CENTROS DEPORTIVOS
Por Vicente Gambau, EFD 8.916, presidente del Consejo COLEF.
"El sector de la educación física, la actividad física y el deporte está viéndose gravemente perjudicado en la evolución de esta pandemia por COVID-19, y esto tendrá consecuencias para la salud de la ciudadanía a corto, medio y largo plazo. Si no se toman cartas en el asunto a tiempo, será irreversible".
La segunda y la tercera ola de la pandemia por COVID-19 han traído restricciones heterogéneas dictadas por los Gobiernos Autonómicos, que en el caso del sector de la educación física, la actividad física y el deporte se han materializado a mayores en el cierre y suspensión de instalaciones y servicios.
Aquellas entidades y profesionales que cumplen las medidas preventivas de contagio y, además, han implementado protocolos de actuación más estrictos en los que han invertido recursos, han visto cómo se han cerrado sus negocios sin encontrar una justificación en los datos sobre brotes. De hecho, en las actualizaciones de información sobre coronavirus que publicó el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), además del ítem ‘actividades deportivas’, del que se desconocía el desglose de contagios por subsectores, se reflejó que los casos y brotes de gimnasios se contaban junto con hoteles, iglesias y otros en el ítem ‘espacios de uso público cerrados’, y que los de piscinas se integraban junto con los parques y otros en ‘espacios de uso público abiertos’. Desde aquellas actualizaciones de los meses de octubre y noviembre, el CCAES no ha publicado la información disgregada, y actualmente se desconoce la situación.
Todo esto evidencia una inexplicable normativa que está perjudicando al sector deportivo, sobretodo al de la práctica deportiva no federada, y no solamente por el agravio comparativo con respecto a otros sectores de servicios cuya incidencia de casos y brotes es mayor, sino que por las decisiones que no tienen en consideración la heterogeneidad del fenómeno deportivo.
Ante este panorama, sólo cabe preguntarse cuál es el criterio objetivo y fidedigno para obligar a echar el cierre en la prestación de unos servicios, los de educación física, actividad física y deporte, que contribuyen a mejorar la educación y la salud de la ciudadanía a pesar del esfuerzo y la responsabilidad de mantener los protocolos de actuación necesarios.
El Consejo General de la Educación Física y Deportiva (Consejo COLEF) expresó su enorme preocupación por las medidas que se están tomando en el ‘Manifiesto por la consideración de la prestación de servicios de educación física, actividad física y deporte como actividad esencial también durante la pandemia por COVID-19’. Este texto partía de una argumentación muy clarificadora, basada en la evidencia científica, que exponía la estrecha relación del ejercicio físico con la salud.
Como se desprende de este Manifiesto, no podemos olvidar que la práctica de educación física, actividad física y deporte constituye un derecho fundamental reconocido, y tampoco el grave problema de salud pública que comporta la inactividad física y que, además, ha empeorado debido al confinamiento. También es preciso recordar que la promoción y protección de la práctica físico-deportiva puede ser beneficiosa para disminuir el riesgo de infección, así como la probabilidad de hospitalización por COVID-19, mientras que lo contrario podría condicionar negativamente la evolución de la pandemia.
Si los poderes públicos quieren optimizar los numerosos beneficios que aporta la educación física, la actividad física y el deporte, deberán reconocer como actividad esencial estos servicios, y contar con la experiencia y pericia de los profesionales de la Educación Física y Deportiva para garantizar la máxima seguridad, salud y calidad.