LA NECESIDAD DE HACER ACCESIBLE EL DEPORTE EN EL ÁMBITO RURAL PARA FRENAR LA DESPOBLACIÓN
En el VII Congreso de la Asociación Española de Municipios de Montaña el Consejo COLEF subrayó la necesidad de fortalecer la profesionalización de diputaciones, cabildos y consejos insulares, para coordinar y mejorar los servicios deportivos en el ámbito rural. Esto es clave para subsanar la falta de acceso a servicios deportivos que existe en muchos lugares de España, lo que redundará en la mejora de la calidad de vida en los pueblos, atrayendo población para enfrentar el desafío de la despoblación.
El Consejo COLEF acompañó a la Asociación Española de Municipios de Montaña (esMontañas) en su octavo Congreso. El evento, bajo el título ‘Claves para mantener vivos los pueblos de montaña’, se celebró del 19 al 21 de septiembre en el auditorio de A Pobra de Trives (Ourense). Carlota Díez Rico, coordinadora de proyectos del Consejo COLEF, participó en la mesa “Futuro e Igualdad de Oportunidades en el Rural”.
A nadie se le escapa que tenemos derecho a la educación, a la sanidad, a la tutela judicial efectiva o a la propiedad. Inclusive, tampoco es ajeno al convencimiento colectivo que en la sociedad actual es un derecho el acceso a internet o a la tecnología. Sin embargo, hay una generación de derechos que parece que se han quedado en el camino de hacerse realmente efectivos, de que su ejercicio se disfrute en igualdad de oportunidades. Y estos son, ni más ni menos, muchos de los que se contienen en nuestra Constitución como principios rectores de la política social y económica. Y ahí está la educación física y el deporte.
Efectivamente, la Constitución española señala que los poderes públicos, todos, tienen la obligación de fomentar la educación física y el deporte. Pero es que, además, el artículo 2 de la Ley del Deporte de 2022 dice que «el deporte y la actividad física se considera una actividad esencial» y que «todas las personas tienen derecho a la práctica de la actividad física y deportiva, de forma libre y voluntaria, de conformidad con lo previsto en esta ley».
Entonces, ¿por qué hay muchas personas en España, especialmente en el ámbito rural, que ven limitado su derecho a la práctica físico-deportiva? Ese fomento que predica la Constitución, y al que se ven obligados los poderes públicos, debe basarse en que la educación física y el deporte sea accesible, haya oportunidades para todas las personas. Es decir, que se remuevan «los obstáculos que impidan o dificulten» el acceso o el disfrute de la práctica físico-deportiva y que se facilite la participación, tal y como indica el artículo 9.2 de la Constitución. Se trata de que todas las personas puedan tener acceso a servicios deportivos de calidad, sin depender de que exista una rentabilidad económica que motive a la empresa privada a emprender una actividad comercial.
A menudo, cuando se habla de lo que es necesario para vivir en el pueblo se ha hecho una distinción entre servicios imprescindibles y prescindibles. La educación física y el deporte, como la cultura y el ocio, habitualmente se han clasificado en aquellos de tipo prescindible. Pero, ¿y si esta categorización ha sido la que ha agravado la despoblación? ¿Y si lo que humaniza los espacios son esos servicios que fomentan la convivencia, contribuyen a crear redes de convivencia y son pilares de los estilos de vida saludable?
Reiteramos los retos demográficos de la España vaciada en mil y un foros. Hablamos de despoblación, de que los jóvenes regresemos a nuestros pueblos, de atraer talento al mundo rural. Pero, ¿qué esperamos obtener si no se cubren las necesidades y las aspiraciones actuales?
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local dice que «el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo». No podemos olvidar que dentro de esas necesidades se encuentra la práctica físico-deportiva, porque es necesaria para la salud y para nuestro desarrollo integral como personas.
Estamos educando en hábitos saludables desde la infancia y la geriatría está focalizando sus esfuerzos en frenar la fragilidad y el deterioro cognitivo con ejercicio físico. Por otro lado, queremos repoblar la España vaciada. ¿Estas realidades son incompatibles? Tenemos que poner las herramientas para hacer que estos objetivos converjan, porque la jerarquización de prioridades en el ámbito rural no nos está dando resultados.
Si se mira con perspectiva, la Ley de 1985 creó un marco que obvia la convergencia de necesidades y abunda en la idea de servicios prescindibles e imprescindibles. Además, prioriza las infraestructuras por encima de la prestación de servicios y las personas. En el deporte esto es claro: indica que los municipios de más de 20 mil habitantes deben tener instalaciones deportivas de uso público; pero en los de menos habitantes ni siquiera hace referencia a la coordinación de la prestación de servicios de carácter deportivo por parte de las diputaciones, cabildos o consejos insulares.
Afortunadamente, las leyes autonómicas de deporte sí comenzaron a abordar este vacío, proponiendo soluciones para hacer más accesible el deporte en el ámbito rural, clarificando las competencias de las entidades provinciales o comarcales para asistir y colaborar con los municipios. También para una mejor eficacia y eficiencia de los servicios deportivos en el ámbito rural, la Ley de Comarcalización de Aragón de 2006 es un ejemplo. Y, sin necesidad de una norma que ponga negro sobre blanco, las prácticas que realiza el cabildo de Tenerife son una referencia de buen hacer en materia deportiva (https://www.deportestenerife.es/).
En definitiva, hacer futuro a través del deporte no solo tiene que ver con desarrollar negocio mediante los recursos que ofrece el ámbito rural, relacionados como el turismo activo, sino que se trata de articular medidas que permitan mejorar la calidad de vida de quienes habitan los pueblos y que, a su vez, sean medidas capaces de atraer a personas dispuestas a repoblar. Es el momento de construir un sistema que haga llegar los servicios de ejercicio físico a todos los municipios, es la hora de que diputaciones, cabildos y consejos insulares se hagan fuertes en materia deportiva.
¿El camino? Profesionalizar la estructura de la diputación con educadoras y educadores físico deportivos que dirijan los servicios, coordinen los municipios, planifiquen las necesidades de cada zona (recursos humanos, actividades, infraestructuras) y pongan en marcha acciones que multipliquen el valor de nuestros pueblos frente al reto demográfico.
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