Erradicar el ejercicio profesional irresponsable
Frase clave: "Sería idóneo que las atribuciones profesionales las otorgasen los títulos académicos como profesión regulada. Para ello, el Gobierno debería fijar las competencias mínimas que se han de adquirir para poder ejercer una profesión y que serían iguales en todas las universidades que impartiesen la titulación"
Para una correcta ordenación profesional se hace imprescindible adecuar los niveles de competencia al grado de complejidad de las actividades profesionales, es decir, que cuanto más complejo sea el servicio deportivo a prestar más competencias se han de disponer.
La competencia profesional es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades o aptitudes que tienen las personas y que les permiten desarrollar un trabajo de forma exitosa.
Las competencias se adquieren a lo largo de la vida mediante las vías de aprendizaje: las formales (títulos), no formales (formación continua), informales (talento) y la experiencia (práctica).
Las atribuciones profesionales dotan de capacidad legal para el ejercicio de una profesión, es decir, la habilitación o certificación para ejercer una determinada profesión. Estas atribuciones profesionales pueden ser exclusivas para una profesión o bien pueden ser compartidas por varias profesiones.
Una persona puede ser competente, pero para lograr una atribución en un sector que debería estar regulado como el nuestro, no sólo se necesita el conocimiento, además haría falta un documento que le acredite que puede ejercer una profesión.
Es un error identificar el concepto de competencia con el de atribución. En el ámbito profesional y académico se suelen utilizan indistintamente pero tienen un significado diferente.
Los títulos académicos en el ámbito de la educación física y del deporte, tanto universitarios como no universitarios, acreditan competencias, pero deben ser las disposiciones reglamentarias las que delimiten las tareas propias de cada profesión. Esto ocurre en el sector de la enseñanza de la educación física y en algunas actividades profesionales reguladas actualmente en las comunidades autónomas de Cataluña, La Rioja, Extremadura, Andalucía y Madrid.
En nuestro sector, sería idóneo que las atribuciones profesionales las otorgasen los títulos académicos como profesión regulada. Para ello, el Gobierno debería fijar las competencias mínimas que se han de adquirir para poder ejercer una profesión y que serían iguales en todas las universidades que impartiesen la titulación.
Otra solución, como en la mayoría de países europeos, son los equivalentes a los Colegios Profesionales los que acreditan las atribuciones profesionales, no sólo a través de la titulación académica, sino también conforme a la experiencia y formación continua de cada uno de los profesionales.
No se trata solamente de evitar el intrusismo entre profesiones sino más bien erradicar un ejercicio irresponsable con una clara delimitación de las tareas propias entre personas con diferente nivel de competencia.
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Autor: D. Vicente Gambau, Presidente del Consejo COLEF